Gobierno no debe ser juez y parte en manejo de archivos públicos

• La legisladora propone crear un comité ciudadano que garantice la integridad y el acceso a los archivos del INAI tras su extinción

La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano advirtió que, con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), está en riesgo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información y a la memoria histórica.

En conferencia de prensa previa a la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora planteó que debe garantizarse la integridad, seguridad, accesibilidad y consulta pública de todos los archivos generados por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia durante más de dos décadas.

Como medida concreta, la diputada de Movimiento Ciudadano propuso la creación de un comité ciudadano que supervise el tratamiento y la preservación de esta información., este comité operaría bajo un protocolo claro, con mecanismos legales, técnicos y respaldo digital seguro.

La propuesta incluye que dicho protocolo sea generado por el nuevo organismo gubernamental y aprobado cada año por la Cámara de Diputados. Con ello, se busca colegiar decisiones entre los tres poderes y garantizar un ejercicio público y democrático.

Laura Ballesteros recordó que el INAI surgió en 2002 como el IFAI, y en 2014 adquirió autonomía constitucional. Desde entonces, generó un acervo de más de 13 millones de documentos, entre solicitudes, resoluciones y recursos de revisión.

Gobierno no debe ser juez y parte en manejo de archivos públicos

Este archivo digital, advirtió, podría perderse ante la falta de mecanismos de vigilancia y contrapesos reales. “Una cosa es que el gobierno diga que lo preservará y otra muy distinta es que lo haga”, señaló.

La emecista consideró que la reforma impulsada por Morena para desaparecer los órganos autónomos, incluido el INAI, representa un golpe directo al artículo 6º constitucional, que protege el derecho ciudadano al acceso a la información.

Alertó sobre tres riesgos principales: la pérdida de documentos por falta de protocolos, la posible desaparición de la infraestructura digital del INAI y el impacto negativo en la rendición de cuentas del gobierno.

Exigió que el nuevo organismo cumpla con estándares internacionales de conservación documental y citó a la UNESCO y a la OEA como garantes del derecho a la verdad y a la memoria histórica.

“Hoy respaldamos la lucha de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos que protegen nuestro derecho a la no corrupción”, concluyó Laura Ballesteros.

La propuesta será presentada hoy en la Comisión Permanente y seguirá discutiéndose en próximas sesiones.