Activistas de Oaxaca mantienen plantón en PJF de Boca del Río

Activistas de Oaxaca exigen un alto a la persecución que han llevado por años, lucha que los ha mantenido bajo protesta

Por segundo día consecutivo, habitantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón perteneciente al estado de Oaxaca mantienen un plantón sobre la avenida Juan Pablo II frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Boca del Río.

Protesta de activistas de Oaxaca frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río
Sara Betanzos, miembro de la comunidad mazateca de la comunidad de Flores Magón y de la colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad, explicó que esta jurisdicción es responsable de atender el caso de 56 defensores comunitarios, entre ellos trabajadores de la educación y mujeres adultas mayores, ya que, por años sus integrantes han sido criminalizados por proteger los recursos naturales de la región en la que habitan, luego de la explotación de una mina de piedras por parte de caciques locales.

Estas personas exigen un alto a la persecución que han llevado por años, lucha que los ha mantenido 24 horas, los 7 días de la semana bajo protesta y a su vez bajo amenazas contra la comunidad.

Entrevistada, este martes, señala que tras haber logrado la liberación de todos los involucrados, las últimas cinco personas que lograron salir en libertad continúan en proceso, sin embargo, el contexto histórico y político que motiva su persecución judicial, tiene que ver con extractivismo de la comunidad, es decir, contra de activistas defensores del río Xanga Ndá Ge que se encuentra dentro de sus tierras.

“Mujeres y hombres que fueron llevados a prisión por un largo proceso de casi 10 años, algunos de ellos estuvieron 9 años en prisión preventiva sin sentencia, eso justamente nos motivó y nos impulsó para que continuáramos en la lucha por la libertad”.

El grupo de activistas sostuvo un plantón de varios días el pasado mes de junio, ya que es el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz a quien corresponde el caso. Este martes, se tendría que llevar a cabo su audiencia, sin embargo, no les han notificado si se realizará.

Durante esta mañana leyeron un pliego petitorio y posteriormente se realizó un festival político cultural con colectivas que llegaron al municipio en apoyo a la exigencia de un alto a la persecución de estos activistas, que por años no han tenido una resolución.

“Actualmente no dan fecha, porque entre el Juzgado Tercero y el Juzgado Quinto no se ponen de acuerdo, el uno y el otro de quien va a resolver los amparos. Si bien nos otorgaron la suspensión definitiva, no se han emitido para la resolución de los amparos”.

Durante la última década, se han emitido más de 250 órdenes de aprehensión, resultando en la detención de 21 personas. Desde diciembre de 2014, al menos 56 defensoras y defensores comunitarios, han sido objeto de persecución y encarcelamiento bajo acusaciones infundadas, sin pruebas concluyentes.

Estas personas han enfrentado procesos judiciales marcados por irregularidades, en los que se ha vulnerado el derecho al debido proceso. Muchas de ellas han sido mantenidas en prisión preventiva sin sentencia, por periodos que exceden los límites establecidos por la ley, lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos.